El entorno profesional, en mayor o menor medida, siempre condiciona las conversaciones en aquellos círculos familiares y de amistad en los que nos movemos todas las personas. Sin embargo, en nuestro caso –el de los profesionales de la medicina– es casi un hábito inconsciente por parte de terceros el trasladarte todo tipo de dudas médicas sobre patologías o sintomatología diversa y, también, situaciones y anécdotas del ámbito médico específico en el que te ubicas (en mi caso, la reproducción humana). Y es en este último en el que, desde hace ya algún tiempo, me vienen trasladando situaciones que trascienden el plano de lo anecdótico y, en consecuencia, empiezo a interpretar como un mal síntoma para el sector en el que trabajamos.
La medicina reproductiva –como el resto de las ramas de la medicina– debe estar regulada y sometida a un estricto control por parte de las administraciones competentes con el fin de proteger a los pacientes de aquellas malas prácticas que pueden poner en riesgo su salud, pero también para proteger a aquellas entidades que trabajan con rigor y conforme a los procedimientos normativos de aquellas otras –que las hay, lamentablemente– que entienden este servicio desde criterios puramente economicistas, como un instrumento en el que rentabilizar el máximo beneficio con la mínima inversión.
Este es el problema y sobre él pivota la casuística a la que hacía referencia anteriormente. En ella, siempre destacan cuatro elementos por encima del resto: medios y tecnología desactualizados, instalaciones precarias, desprecio por los protocolos y poca empatía con los pacientes. Pero también me han relatado casos en los que, no dándose ninguna de las anteriores circunstancias, se han producido otras del todo preocupantes y que no sólo colisionan con la ética que debe impregnar cada una de las acciones que llevamos a cabo los profesionales de la medicina sino con la propia Ley 14/ 2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, la cual expone con claridad que dichas técnicas se aplicarán “sólo cuando haya posibilidades razonables de éxito” y “no supongan riesgo grave para la salud, física o psíquica, de la mujer”.
Las circunstancias socioeconómicas actuales han generado un incremento en la demanda de técnicas reproductivas, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, no todo vale para dar respuesta a esa demanda, no todo vale para aplicar las técnicas de reproducción de cualquier manera y en cualquier circunstancia. Aquellos centros que creemos en la calidad y en la ética como pilares necesarios para mantener la reputación de este sector, debemos ser implacables con las malas prácticas y expulsar del mismo a aquellos que actúan en competencia desleal y, lo más grave, poniendo en riesgo la salud de mujeres y hombres que tienen en su anhelo de ser padres su mayor vulnerabilidad a la hora de elegir el lugar más adecuado para someterse a un tratamiento de fertilidad.
En un país desarrollado, con profesionales altamente cualificados, un sistema de salud acreditado y una legislación específica, contamos con todos los elementos para posicionarnos en la vanguardia de la medicina reproductiva a nivel mundial. En ese objetivo, el sistema debe disponer de los instrumentos necesarios para salvaguardar su propia reputación.
